El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, que puede afectar a la tributación de los no residentes. Algunos de estos volverán a tributar por este impuesto que dejó de estar vigente en el ejercicio 2008.

Durante esos años en que el Impuesto sobre el Patrimonio estuvo en vigor los no residentes venían obligados a tributar por la propiedad de un inmueble. Al no ser residentes en España su propiedad, por motivos obvios, no podía considerse vivienda habitual y venían obligados a tributar cualquiera que fuera el valor del inmueble, situación que no se reproduce con la nueva puesta en práctica del impuesto que sólo gravará el patrimonio a partir de ciertos límites.

A partir de ahora, los no residentes tributarían por obligación real, es decir por lo bienes y derechos económicos sitos en España, pero sólo a partir de 700.000,00 euros, pudiendo la Comunidad Autónoma establecer un límite mayor.

También se establece la obligación de nombrar un representante fiscal cuando se opere por medio de establecimiento permanente o cuando por la cuantía y características del patrimonio del sujeto pasivo la Administración lo requiera, con multa, en caso de incumplimiento, de 1.000 euros.

En definitiva, los no residentes -personas físicas- quedarán sujetos, además de a los impuestos locales que gravan la propiedad, a los siguientes tributos:

  • Impuesto sobre el Patrimonio, cuando el conjunto de bienes y derechos económicos sitos en España supere el valor de 700.000,00 euros.
  • Impuesto sobre la Renta de No Residentes. La mera propiedad de un inmueble -aun cuando no se alquile- también genera renta y por tanto el correspondiente impuesto.
Unión Europea

Por primera vez en la Historia, un país miembro de la Unión Europea, en este caso España, obtiene el visto bueno de la Comisión para restringir el derecho al libre acceso al mercado laboral de los ciudadanos rumanos.

Como admitió el portavoz de la Comisión, László Andor, la decisión no tiene precedentes, pues ningún Estado había hecho uso de la misma de la manera en que lo ha hecho España, es decir, habiendo permitido el levantamiento las barreras transitorias de acceso al trabajo (previstas en el Acta de Adhesión de Rumania) en 2009, pretenda revocar esa decisión años más tarde de haber liberalizado, voluntariamente, el mercado.

En efecto, Rumanía junto con Bulgaria, accedieron a la Unión Europea con fecha de 1 de enero de 2007. Las Actas de Adhesión de ambos países establecían, en lo que respecta a la libre circulación de personas, limitaciones transitorias, en especial, en la aplicación de los artículos 1 a 6 del Reglamento (CEE) n.o 1612/68, es decir, aquellos artículos que establecen el derecho de acceso al empleo de cualquier ciudadano de la UE en igualdad de condiciones con los ciudadanos nacionales.

El régimen transitorio comprendía varios periodos:

  • Un primer periodo de 2 años desde la fecha de la adhesión (es decir, hasta 1 de enero de 2009). Durante este plazo, los Estados miembros podían elegir entre aplicar plenamento los artículos 1 a 6 del Reglamento o continuar con la restricción. La falta de notificación equivalía al levantamiento de las limitaciones.
  • Un segundo periodo de 5 años desde la fecha de la adhesión (es decir, hasta 1 de enero de 2012). Aquellos Estados que no habían permitido el levantamiento de las restricciones durante el primer periodo, podían notificar a la Comisión, hasta 1 de enero de 2010, su intención de seguir aplicando las restricciones en caso de «graves perturbaciones en su mercado de trabajo o de que exista el riesgo de que éstas se produzcan». De no producirse la notificación las limitaciones quedarían sin efecto automático en 2012.
  • Un tercer periodo de 7 años desde la fecha de la adhesión (esto es, hasta 1 de enero de 2014), que se aplicaría a aquellos Estados que todavía no hubieran abierto el mercado en los dos períodos precedentes. Transcurrido este periodo inexorablemente el mercado quedaría abierto y los ciudadanos rumanos (y bulgaros) ya podrían trabajar sin restricciones en cualquier Estado miembro.
Gitanos rumanos

España, en plena crisis económica, al término del primer período, no notificó a la Comisión su intención de continuar con las restricciones. En consecuencia, abrió el mercado de par a par. La cuestión es sencilla: ¿cómo puede creerse alguien que el Gobierno español no supiera por entonces que estaba en plena crisis económica y que el mercado de trabajo, con un desempleo que ya crecía a ritmo galopante, no se iba a resentir por la llegada masiva de trabajadores extranjeros que podían trabajar e instalarse libremente en España?

Lo cierto es que en el Acta de Adhesión con Rumanía (anexo VII, capítulo 1, punto 7) contempla una cláusulsa de salvaguardia que prevé la posibilidad de que un Estado miembro que hubiera abierto el mercado -como ocurre con España- pueda, hasta el 1 de enero de 2014, solicitar la suspensión total o parcial del derecho de acceso al mercado laboral, siempre que «sufra o prevea perturbaciones en su mercado de trabajo que puedan poner en grave peligro el nivel de vida o el índice de empleo en una determinada región o una determinada profesión».

A mi entender estas causas deben ser sobrevenidas y posteriores al 1 de enero de 2009 o, en su caso, al 1 de enero de 2012. La razón es sencilla: si por entonces estas causas existían, conocían o se preveían, el Estado miembro afectado debió haberlo notificado sin mayores explicaciones, en cada uno de los periodos habilitados al efecto, como hicieron los miembros más antiguos que temían peligrar el mercado laboral y la estabilidad social. ¿Por qué no lo hizo España entonces?

Pedir la suspensión ahora no puede admitirse ni jurídica ni moralmente. En el primer caso, porque es difícil justificar que España en 2009, inserta, como ningún otro país de la Europa Occidental en plena crisis económica, no conociera que la perturbación se estaba produciendo o se avecinaba de manera inminente, lo que sugiere al menos una interpretación muy forzada del Derecho comunitario.

Desde el punto de vista moral, España da un bofetón en la cara de un país amigo, Rumanía, socio y receptor de inversiones españolas; bofetada que podía haberse evitado sutilmente en la forma expuesta y en los plazos establecidos al efecto y no con una medida tan hostil que a buen seguro habrá de compensarse de otro modo y a costa de favores que todavía no alcanzamos a cuantificar.

Introducción

La doble nacionalidad sólo se permite en el Derecho Español con respecto a nacionales de países pertenecientes a nuestra Comunidad Histórica, en concreto, países iberoamericanos, Portugal, Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Fuera de estos casos, nuestro Código Civil establece que como condición a la adquisición de la nacionalidad española, el solicitante ha de renunciar a su nacionalidad previa (art. 23. b.)

En los últimos tiempos se ha creado una práctica anómala y contraria al Derecho Internacional por la que los solicitantes de nacionalidad española renuncian a su nacionalidad previa en el mismo Registro Civil Español, normalmente en el acta de jura, donde se añade, en una redacción predeterminada por el propio Regitro, esa renuncia, que basta para que se considere cumplido el requisito y se proceda a la inscripción de la nueva nacionalidad en el Registro Civil (art. 23. c. del Código Civil).

En estas líneas trataremos de analizar esta práctica, su regularidad, su acomodo con el Derecho Internacional y, finalmente, propondremos algunas mejoras que consideramos convenientes a fin de adecuar nuestra normativa a la ortodoxia jurídica emanada de los tratados suscritos por España.

Regulación de la renuncia en el Derecho Español

En nuestro Derecho no existe mención legal expresa a la forma en que esta renuncia debe realizarse. El Código Civil habla de «renuncia a su anterior nacionalidad» (art. 23. b) sin decir cómo debe realizarse la misma ni ante quien o qué organo. Nada de nada sobre la renuncia dice la la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil. Su Reglamento sí se detiene a tratar sobre la cuestión, limitándose a decir que la solicitud contendrá el compromiso de renunciar a la nacionalidad anterior (art. 220.7); que el solicitante comparecerá ante el funcionario competente para, en su caso, renunciar a la nacionalidad anterior, prestar la promesa o juramento exigidos e inscribirse como español en el Registro (art. 224), artículo que no identifica al funcionario competente para recibir la renuncia pero parece indicar que será el mismo que recibirá la promesa o juramento, esto es, el Encargado del Registro Civil; por su parte el artículo 226 establece que este último funcionario admitirá la declaración de voluntad de renuncia aunque no presente documento que lo acredite, siempre que «resulte de la declaración la concurrencia de los requisitos exigidos»; la renuncia a la nacionalidad anterior deberá constar especialmente en la inscripción que se practique en el Registro Civil (art. 226)

La normativa examinada, tan escueta, permite el desarrollo de interpretaciones diversas, si bien no todas deben considerarse conformes con el Derecho Internacional ni, especialmente, con aquellos tratatados internacionales en los que España es parte.

La Regulación del Derecho Internacional

Sin hacer un análisis exhaustivo (que no se pretende en este artículo) de los convenios internacionales ratificados por España podemos extraer algunas conclusiones sobre competencia en materia de nacionalidad (y particularmente  en lo relativo a la renuncia):

1) Cada Estado es competente para consentir la renuncia de un nacional de ese Estado, lo que se desprende de la Convención de La Haya sobre ciertas cuestiones relativas al conflicto de leyes de nacionalidad de 1930, cuando establece expresamente el requisito de la autorización a la renuncia en los supuestos en que una persona se encuentra con doble nacionalidad de manera involuntaria (art. 6). Lo que nos lleva a entender que con mayor motivo este requisito deberá ser colmado cuando se solite voluntariamente una segunda nacionalidad. Esta misma Convención también determina la competencia de cada Estado para determinar quien posee su nacionalidad y quien no, es decir, quien deja de tenerla (artículos 1 y 2). El Convenio Europeo sobre Nacionalidad de 1997 también asume esta competencia de modo más o menos explícito en algunos artículos, como el 3 y el 7, pero especialmente se menciona la misma en el artículo 8 cuando establece que cada Estado parte «permitirá» la renuncia de su nacionalidad, siempre que no se convierta en apátrida y podrá limitar, en su derecho interno, esta renuncia a aquellos caso en que el solicitante viva habitualmente en el extranjero. El Convenio modula la potestad del Estado signatario, en el sentido en que no podrá ser arbitrario en caso de solicitud de renuncia pero conservando, en último extremo, la facultad de decidir e, incluso, de prohibir ciertos supuestos de renuncia. El Convenio también viene a reconocer la potestad de cada Estado parte en la concesión de la renuncia cuando dice que las solicitudes sobre pérdida de nacionalidad se tramitarán dentro de un plazo de tiempo razonable (art. 10), y que la decisión que recaiga habrá de motivarse por escrito (art. 11)

2) El Estado ante quien se formule la declaración de renuncia no puede negarla arbitrariamente si se dan unos mínimos requisitos de conexión con el Estado extranjero (del que se pretende obtener otra nacionalidad) y, por ende, de desconexión con el Estado de quien se ostentaba la nacionalidad originaria. Esta idea se encuentra recogida en el artículo 15.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que «a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad», lo mismo cabe decir del artículo 8 del Convenio Europeo sobre Nacionalidad ya mencionado más arriba. A mayor abundamiento y en el mismo sentido, la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dispone, en el párrafo 3 del artículo 20,  que «a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla»

De lo expuesto bien podemos afirmar que la renuncia a la nacionalidad no es una acto jurídico unilateral, sino claramente bilateral según el cual el Estado -soberano- que recibe la solicitud no se limita a «acusar recibo», aunque tampoco puede rechazar la solicitud inmotivada ni arbitrariamente.

Derecho comparado: una breve mención al Derecho alemán

Es interesante detenerse en el Ordenamiento Jurídico Alemán porque, al igual que el español, es restrictivo con la concesión de la doble nacionalidad, permitiéndose en muy escasos supuestos. Difiere empero con nuestro ordenamiento jurídico en su congruencia con el Derecho Internacional de referencia.

La Ley Nacionalidad Alemana (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG) determina con claridad aquellos puntos que en nuestra legislación aparecen confusos, oscuros o sujetos a la libre interpretación del Encargado del Registro o de la Dirección General de los Registros.

Renuncia como negocio bilateral: la renuncia debe formularse por escrito, requiriéndose la aprobación del órgano competente, siendo efectiva con la emisión de un certificado de renuncia (sección 26) Esta regulación se establece para la renuncia de la nacionalidad alemana, lo que significa, por aplicación de la mera congruencia, que esa misma concepción se ha de tener con carácter general y con relación a otros Estados.

Renuncia a la nacionalidad de origen como condición previa a la adquisición de la nacionalidad alemana (salvo los contados casos en que se permite la doble nacionalidad), a tenor lo dispuesto en la Sección 10, (1), 4. Esta renuncia se efectuará ante el Estado extranjero a cuya nacionalidad se quiere renunciar. Sólo se exime de la previa renuncia  -y se acepta la múltiple nacionalidad- cuando la renuncia entraña particulares dificultades, enumerando una serie de casos -lista abierta- como la falta de previsión del Estado extranjero para la renuncia; que dicho Estado rechace normalmente solicitudes de renuncia; o que haya rechazado la renuncia por razones ajenas a la responsabilidad del extranjero o exija gravosas condiciones; o que la renuncia entrañe sustanciales perjuicios en su derechos civiles; o, cuando se trate de personas mayores, existan especiales dificultades de ejercicio o sean especialmente gravosas (Sección 12). En cualquier caso es de resaltar que la regulación alemana no establece que en tales casos la renuncia deba hacerse ante órgano alemán, ni que considere -ex lege- renunciada la nacionalidad de origen, sino que asume que tales casos exisitiría una doble nacioalidad derivada de fuerza mayor, lo que supone un exquisito respeto por la soberanía de otros Estados, en cuyos ordenamientos no se inmiscuye por muy abusivos que sean.

Práctica española

Como decíamos más arriba, la indefinición de nuestras leyes, al contrario que lo observado en la regulación alemana, coloca al Encargado del Registro Civil en una posición interpretativa casi independiente. Si bien es cierto que el Encargado del Registro es un Juez, su función, en lo que respecta a dicha oficina, no es jurisdiccional sino administrativa por lo que práctica debería ser uniforme so pena de hacer peligrar la seguridad jurídica.

Pese a lo dicho la práctica del Registro es muy diversa, tanto espacial como temporalmente. La operativa de las distintas oficinas difiere según provincia o localidad y cambia de un día para otro, según el funcionario que esté a cargo o por circulares que modifican criterios precedentes o reviven otros que ya fueron derogados; y todo ello con absoluta falta de publicidad, lo que produce la sensación de estar pisando un terreno movedizo en el que no cabe la certeza ni el sentido común.

La normativa española señala algunos extremos que habrá de cumplir el aspirante a la nacionalidad española por naturalización:

  1. Solicitud ante el Registro Civil, que habrá de incluir «el compromiso de renunciar a la nacionalidad anterior». Es lógico que sólo se exija un compromiso pues la renuncia anticipada, caso de ser aceptado por el país de origen, convertiría al solicitante en apátrida, cuando todavía no ha recaída resolución favorable de adquisición de la naciolidad española (art. 220 de Reglamento de la Ley de Registro Civil)

  2. Tramitación del expediente, ante el Ministerio de Justicia (art. 63 de la Ley de Registro Civil)

  3. En su caso, concesión de la nacionalidad por Real Decreto, sujeta a caducidad si el solicitante no comparece ante el Encargado en el plazo de 180 días siguientes a la notificación (art. 224 de Reglamento de la Ley de Registro Civil)

  4. Comparecencia ante el funcionario competente para prestar la promesa o el juramente exigidos (a la Constitución y a las Leyes) y renunciar a la nacionalidad anterior (art. 224 de Reglamento de la Ley de Registro Civil). Obsérvese que el Reglamento habla de comparecer ante funcionario competente sin decir quién lo es. Está claro que la promesa o juramento de fidelidad ha de hacerse ante el Encargado del Registro Civil, pero no que la renuncia deba efectuarse ante este funcionario.

  5. Inscripción como español en el Registro Civil (art. 224 de Reglamento de la Ley de Registro Civil).

Hemos de decir que esta práctica, no hace mucho tiempo, sí fue congruente con el Derecho Internacional y guardaba cierto parecido con la regulación alemana -más arriba expuesta-. El solicitante, en el curso del procedimiento de nacionalización, debía acreditar mediante certificado -normalmente expedido por su Embajada- que había renunciado a su nacionalidad de origen. De modo que aun cuando en el acta de juramento se decía que el solicitante renunciaba a la nacionalidad anterior, y ello careciera de transcedencia frente al Estado a cuya nacionalidad se pretendía renunciar, realmente se trataba de una constatación de una renuncia previa verdaderamente producida ante un órgano competente del Estado de procedencia, circunstancia que ya constaba al Registro por medio del mencionado certificado.

Sin embargo, desde hace algunos años, el criterio de muchos Registros españoles por no decir de todos o la gran mayoría (que no me atrevo a afirmar al no disponer de datos exhaustivos) ha experimentado una profunda transformación, erigiéndose el Encargado del Registro en competente para recibir la declaración de renuncia a la previa nacionalidad, bastando esta declaración para dar por cumplido el trámite y proceder, sin más ceremonia, a la inscripción de la nacionalidad en el Registro y con ello a la adquisición de la misma.

Ante esta práctica anómala surgen varias preguntas:

  • ¿Es válido este negocio jurídico de renuncia?

  • ¿Qué efectos produce ante el Estado a cuya nacionalidad supuestamente se renuncia?

  • ¿Se logra con ello hacer efectiva la prohibición general de la doble nacionalidad o esta prohibición se ha convertido en un aserto meramente simbólico que se traduce en una absoluta despreocupación de los Registros españoles por imponer su cumplimiento?

A todas estas preguntas trataremos de responder en los párrafos que siguen.

Inexistencia de renuncia por efectuarse ante un órgano manifiestamente incompetente

Puesto que sostenemos, a la luz del Derecho Internacional (normativa brevemente expuesta más arriba), que la renuncia es un acto jurídico bilateral para su validez deben concurrir las voluntades de las dos partes que han de intervenir en dicho negocio: el ciudadano nacional de un Estado y el Estado a cuya nacionalidad se pretende renunciar, debiendo coincidir para la validez de dicho negocio dos voluntades, la del renunciante y la de su Estado. La ausencia de voluntad de una de las partes determina la inexistencia de negocio, pues no hay concurrencia de elementos esenciales.

Tradicionalmente la doctrina ha identificado tres elementos esenciales para la existencia del negocio jurídico: la capacidad, la manifestación de voluntad, y los requisitos formales para la validez de la manifestación de voluntad, en caso de requerirse el cumplimiento de una determinada forma, expresa, simbólica, o solemne, entre otras.

No hace falta profundizar mucho para observar, que en la práctica española, falta la manifestación de la voluntad del Estado a cuya nacionalidad se pretende renunciar. Aunque la normativa estableciere la pérdida de la nacionalidad de origen automáticamente al adquirir una segunda nacionalidad (cosa muy infrecuente en el Derecho comparado) habría que aportar, al menos, a lo largo de la tramitación del expediente, un certificado de ley que acreditase que tal pérdida se produce ex-lege, uso que tampoco se observa en la operativa registral como demuestra el hecho de que se siga renunciando ante el Encargado del Registro Civil español. Convendrán conmigo en que no haría falta renunciar si conforme a ese Derecho extranjero la pérdida se habría de producir por ministerio de la ley sin necesidad de renuncia alguna. Se trataría pues de un requisito inncesario a la par que ineficaz pues se efectúa (insisto) ante un funcionario español incompetente.

Consecuencias del negocio jurídico inexistente

Resumiendo, estamos ante un negocio jurídico inexistente y por tanto, ineficaz, esto es, no produce ningún efecto en ninguno de los tres sujetos involucrados en el acto realizado ni en el que se pretende realizar.

Para el renunciante: no se libera de su nacionalidad anterior pues el Estado que debía concederla ni siquiera se ha enterado de la renuncia.

Para el Estado cuya nacionalidad ostentaba el renunciante: sigue manteniendo intacta su relación jurídica con el renunciante puesto que no le consta la existencia de ningún negocio jurídico que haya producido la extinción de aquélla ni, por supuesto, ha consentido en la renuncia.

Para España: El solicitante adquiere la nacionalidad española sin haber renunciado verdaderamente a la nacionalidad que ostentaba con anterioridad, produciéndose la concurrencia de dos nacionalidades en la misma persona, situación prohibida con carácter general por nuestro ordenamiento jurídico. En realidad, tratándose de la conculcación de una norma imperativa, la concesión de esa nacionalidad contiene una causa de nulidad radical -de pleno derecho- (art. 6.3 del Código Civil) que hace que nunca debiera desplegar sus efectos, descansando sobre una ficticia apariencia de legalidad que ni siquiera podría convalidarse con la renuncia a posteriori de esa nacionalidad previa, pues la ley condiciona la concesión a la renuncia y no al simple compromiso de renuncia.

En mi opinión tal concesión sólo podría convalidarse ese acto de la forma que establece el artículo 18 del Código Civil:

La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad aunque se anule el título que la originó.

Artículo que posibilita que al término de diez años de posesión, tras la inscripción del título en el Registro Civil, la nacionalidad así adquirida se convierta en inexpugnable. La buena fe del solicitante se presumiría pues no cabría exigirle mayores conocimientos jurídicos -nacionales e internacionales- que el Encargado del Registro, que al fin y al cabo, es un Juez de Primera Instancia, ni mayor claridad en sus actos que la propia normativa española plagada de ambigüedades y de redacciones oscuras.

El Fraude de Ley

Es fraude de ley utilizar el texto de una norma con el fin de obtener un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario él (art. 6.4 del Código Civil); acto que no impide, según ese mismo artículo, “la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

En el caso que nos ocupa, el resultado prohibido por el ordenamiento español sería la concurrencia de doble o múltiple nacionalidad junto a la nacionalidad española (fuera de los casos permitidos en el Código), y el acto jurídico -aparantemente formal y regular- que sirve para conseguir esa transgresión, sería la renuncia ante un órgano manifiestamente incompetente, el Encargado de Registro Civil.

En puridad, la ambigua redacción de la normativa española, es propicia a que pocos casos podrán considerarse “fraudes” y aún menos podrían perseguirse penalmente.

El fraude contiene un elemento intencional que díficilmente podría hacerse recaer en la persona del solicitante de nacionalidad que realmente hace lo que el uso español le exige: renunciar a la nacionalidad ante órgano incompetente. Poco más puede achacársele, o ¿acaso se puede exigir al solicitante conocimientos de Derecho internacional cuando ni en la norma española se menciona cuál es el órgano competente y cuando desde el Registro se le está indicando que la fórmula propuesta (la renuncia ante órgano incompetente) es la correcta?

Aunque supiera (imaginemos que tenga conocimientos en la materia) que el acto jurídico que efectua (la renuncia ante el Registro Español) era contraria al ordenamiento jurídico español, ¿cómo demostrarlo si desde el Registro ya se le da una información errónea? ¿Pueden exigirse mayores conocimientos al administrado que a la propia Administración sobre una materia jurídico-administrativa? La respuesta debe ser negativa. Sin embargo el efecto sigue siendo contrario al ordenamiento jurídico que podría atacarse, conforme a lo dicho más arriba, a través de la acción de nulidad mientras no se convalide el acto por el transcurso de 10 años.

Conclusiones

La única manera de evitar transgresiones del Ordenamiento y hacer que funcionarios y administrados no sufran la consecuencias de la inseguridad jurídica es hacer las oportunas modificaciones en la normativa sobre nacionalidad, determinando con claridad:

1) Que la renuncia debe formularse ante el Estado extranjero cuya nacionalidad ostenta el solicitante.

2) Que esta renuncia debe acreditarse documentalmente antes de prestar el juramento de fidelidad de la Constitución y las Leyes, después de que el expediente tramitado ante el Ministerio de Justicia hubiera concluido favorablemente y la adquisición de la nacionalidad española sólo dependiera de la exclusiva voluntad del solicitante que se habría de manifestar mediante la renuncia a su previa nacionalidad ante el Estado del que es nacional y el juramento ante el Encargado del Registro Civil.

3) Que sólo podría permitirse la adquisición de la nacionalidad española sin previa renuncia en aquellos casos en que se acreditase la imposibilidad de obtenerla, sea porque el ordenamiento jurídico del Estado extranjero no contempla esta posibilidad o porque dicho ordenamiento impone condiciones extremadamente onerosas, a semejanza de lo dispuesto en la normativa alemana que hemos mencionado más arriba sucintamente. En tal caso debería permitirse lisa y llanamante la doble nacionalidad por causa de fuerza mayor y no tratar de evitar llamar a las cosas por su nombre o utilizar subterfugios literarios para no mencionar la expresión maldita «doble nacioalidad». El Ministerio de Justicia debería tener a disposición de los Registros Civiles una lista de países -tras estudio previo- para los que se dispense del acto de renuncia por gravosidad o porque el país en cuestión no contemple dicho acto jurídico. Dicha lista, periódicamente puesta al día, podrá servir para eximir de prueba al solicitante.

Entiendo que no es óbice a esta idea lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Constitución Española que sólo se refiere la posibilidad de concertar tratados de doble nacionalidad con países de nuestra Comunidad Histórica, pero no prohíbe todas las situaciones de doble nacionalidad.

Puesto que se trataría de una doble nacionalidad de hecho, sin que venga amparada por un tratado de doble nacionalidad que regulase el derecho al sufragio, el servicio militar y otras cuestiones que normalmente se contemplan en dichos instrumentos, el solicitante habrá de comprometerse ante el Encargado del Registro, a no utilizar jamás su antigua nacionalidad mientras mantenga la nacionalidad española.

4) En este trámite de adquisición de nacionalidad española, en que se requiere la previa renuncia a la nacionalidad de origen, existe el riesgo de la apatridia transitoria, pues la renuncia a la nacionalidad previa ante un Estado extranjero se haría unas semanas o meses antes a la adquisición de la nacionalidad extranjera, por lo que durante ese periodo el solicitante no tendría nacionalidad pues conforme a la nuestra normativa la adquisición se produce desde la inscripción de la nacionalidad en el Registro Civil.

Realmente es una cuestión que debe resolver el Estado a cuya nacionalidad se pretende renunciar, bien estableciendo -como ocurre, por ejemplo, en la normativa alemana respecto a los alemanes- la posibilidad de recobrar automáticamente la nacionalidad renunciada si no se adquiere la nueva en cierto plazo por cualquier motivo, bien consintiendo el Estado extranjero la renuncia condicionándola a la adquisición de la nueva nacionalidad en un cierto plazo.

Antonio Pedro Rodríguez Bernal

Abogado

Cita recomendada:
RODRÍGUEZ BERNAL, A.P. 2011. La renuncia a la nacionalidad de origen en el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española: una puerta abierta al fraude de ley. Rodríguez Bernal – Abogados [en línea]. [Consulta: 11 abril 2015]. Disponible en: http://rodriguezbernal.com/la-renuncia-a-la-nacionalidad-de-origen-en-el-procedimiento-de-adquisicion-de-la-nacionalidad-espanola-una-puerta-abierta-al-fraude-de-ley/.

Una cosa es la teoría y otra la práctica. Eso me dijeron cuando empecé a ejercer la abogacía, hace ya algunos años, y desde entonces no ha habido, creo yo, semana en que el asombro no haya llamado a mi puerta como si fuera una intempestiva distribuidora de Avon.

Uno de esos casos anecdóticos se ha producido hace unos días, cuando una ciudadana española me dijo que además de ser española tenía la nacionalidad senegalesa por ser la de nacimiento. Pobre de mí, me atreví a replicarle diciendo que eso era jurídicamente imposible, pues como es sabido la doble nacionalidad sólo se permite en el Derecho Español con respecto a nacionales de países pertenecientes a nuestra Comunidad Histórica, en concreto, países iberoamericanos, Portugal, Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial. La buena señora, me trajo, días más tarde, una copia de su acta de juramento donde el funcionario del Registro Civil hacía constar «que la compareciente manifestaba su voluntad de mantener su nacionalidad de origen», lo que se reproducía en la inscripción de nacionalidad reflejada en una certificación que la novísima española paseó orgullosa por delante de mis narices.

La teoría -el Reglamento de la Ley del Registro Civil- decía que la solicitud de la nacionalidad española había de contener «el compromiso de renunciar a la nacionalidad anterior» y en la inscripción debía constar la expresa «renuncia a la nacionalidad anterior», pero la ignorancia de ciertos funcionarios había creado una doble nacionalidad de facto.

Sea bienvenida esta nueva institución desconocida en nuestro Derecho hasta la fecha, la doble nacionalidad hispano-senegalesa. Omitiré el Registro Civil que la otorgó no vaya a ser que despojen a esta señora de tan preciada peculiaridad cuando descubran que la francofonía es propia de Francia y que Guinea Ecuatorial queda más al sur que Senegal. Una vez más, docta ignorantia la mía.

El inmigrante que se halla en situación irregular en España necesita tener un abogado de extranjería. La razón es evidente. Si tenemos una asesor fiscal para prevenir infracciones tributarias o un seguro de hogar para cubrir el riesgo de goteras en el piso de vecino de abajo, con mayor motivo, el inmigrante que se encuentra irregularmente en España debe contar con asesoramiento especializado si se ve envuelto en un procedimiento de expulsión o en una detención por la Policía o Guardia Civil.

Procedimiento frenético con plazos muy cortos

El inmigrante involucrado en un expediente de expulsión dispone de medios a su alcance para evitar esa fatalidad. Desgraciadamente su defensa comenzará nada más se practique la primera diligencia, tras la detención, con la incoación del expediente de expulsión. Entonces se iniciará un frenético procedimiento, que durará un máximo de 60 días, y que terminará con la puesta en libertad o con la expulsión. En cualquiera de los dos resultados, el asunto podría terminar paralelamente en un proceso judicial y prolongarse (con el inmigrante en libertad en España o retornado a su país de procedencia) varios meses o, incluso, varios años.

Alegaciones de 48 horas

Abierto el procedimiento de expulsión, la Administración formula propuesta de resolución (generalmente de expulsión y prohibición de entrada), el inmigrante tendrá 48 horas -contadas de minuto a minuto aún en días festivos- para formular alegaciones. Estas alegaciones, partiendo de la hipótesis que el inmigrante se encuentra realmente en situación irregular -por carecer de autorización para permanecer en España-, se basarían principalmente en acreditar cumplidamente que el expedientado tiene arraigo en España y que, por ese arraigo, no se sustraerá al resultado del procedimiento ni tratará de colocarse fuera del alcance de la Administración en caso de que la resolución que recaiga sea desfavorable al extranjero.

No nos engañemos. Las alegaciones suelen tener escaso éxito. Por mucho que se acredite documentalmente ese arraigo, la Administración no dará su brazo a torcer. Cuando notifique al extranjero la incoación del procedimiento, adoptará alguna medida cautelar que puede ser el internamiento en un Centro de Extranjeros. Las alegaciones poco pueden hacer generalmente frente a esa decisión de internamiento.

Intervención del Juez de Instrucción de Guardia

Pero este internamiento no será automático. La Administración debe obtener autorización del Juez de Instrucción de Guardia. Para evitar el internamiento se deberá acreditar ante el Juez de Instrucción ese arraigo o cualquier otra causa de improcedencia de la medida. En mi opinión, este es un momento fundamental de la intervención letrada, pues el juez, al asumir un papel imparcial, podría denegar el internamiento pese a que la Administración lo considere imprescindible. No en pocas ocasiones hemos comprobado como la Administración no ha incorporado al expediente datos fundamentales que favorecían al extranjero y han podido acreditarse exitosamente ante el juez.

Internamiento por un máximo de 60 días

Si esta intervención fracasa, y el internamiento se autoriza, comenzará una despiadada lucha contra el reloj, pues la Administración procurará expulsar al extranjero dentro del plazo máximo permitido por la ley, esto es, 60 días. El abogado tendrá una opción lógica: interponer inmediatamente un recurso contencioso administrativo y solicitar la suspensión de la expulsión en tanto no se resuelva el recurso por resolución judicial y correlativamente la puesta en libertad. Existe otra opción pero es un tanto absurda. Interponer un recurso de reposición contra la propia Administración que ha incoado el procedimiento de expulsión y ha solicitado el internamiento del extranjero, no es buena idea. La misma Administración que ha decidido la expulsión y el internamiento no va a cambiar su criterio de un día para otro.

Recurso judicial

La interposición de ese recurso judicial -contencioso administrativo- ha de efectuarse con rapidez. El hecho de estar el extranjero internado ralentiza ese acto de interposición, pues el inmigrante -por encontrarse privado de libertad- no podrá otorgar poder para pleitos de manera ordinaria. Piénsese que en ocasiones el Centro de Internamiento no se encuentra en la misma provincia donde se halla el juez competente lo que puede complicar ese trámite de otorgamiento. Una de las soluciones es que el notario acuda el Centro de Internamiento, pero esa diligencia notarial no se lleva a cabo de inmediato; suele demorarse varios días, y puede que para entonces sea demasiado tarde.

Asistencia letrada y abogados de oficio

La tramitación del expediente de expulsión debe contar con la asistencia de letrado, designándose profesional de oficio si el extranjero no designara a letrado particular. El abogado de oficio, pese a su cualificación y entrega, se encontará a priori con los problemas de la desinformación y la falta de medios probatorios. En efecto, la asistencia letrada que se practica a continuación de la detención se hace sin previa entrevista con el detenido.

Cuando termina la declaración el detenido puede quedar en libertad, en cuyo caso sí habrá tiempo de elaborar una estrategia de defensa con la reunión de cuantos medios de pruebas estén al alcance del inmigrante.

Por el contrario, si la Fuerza actuante adopta la medida de internamiento en un Centro de Extranjeros, cabe una entrevista con el abogado interviniente, pero esa entrevista se desarrolla en términos breves que coincide con el exiguo plazo de alegaciones de 48 horas. El letrado de oficio (que se ha encontrado con el asunto momentos antes) tiene que hilvanar un escrito de alegaciones con la escasa información que le ha suministrado el extranjero (a menudo nervioso y desorientado) y la que le pueda recabar la familia o grupo de conocidos que se ofrecen a ayudar con muy buenas intenciones pero con escasa eficacia. Y lo que es peor, el abogado de oficio deberá enfrentarse con la comparecencia ante el Juez de Instrucción -que autorizará o denegará el internamiento solicitado- con esa misma información y documentación, sesgada, a veces incoherente, inútil y supérflua. Ante eso, el Juez de Instrucción suele autorizar el internamiento.

Producido el internamiento, el abogado de oficio se encuentra con otro problema. Para lograr la suspensión de la expulsión y la puesta en libertad del interno, debera interponer un recurso judicial (contencioso administrativo) y solicitar una medida cautelarísima de suspensión expulsión y de puesta en libertad -mientra se sustancia el procedimiento-. Pero, ¿cómo lo hace inmediatamente si no tiene poderes para pleitos? El tiempo corre, y la Administración comienza sus trámites para expulsar al extranjero internado, pues tiene un plazo máximo de 60 días. El letrado debe hacer que un notario acuda el Centro de Internamiento. A menudo el Centro de Internamiento se encuentra en localidad o provincia distinta de donde se halla el juzgado competente o de donde ejerce habitualmente el letrado, por lo que los trámites y las comunicaciones entre interno y letrado se complican.

Si usted es un inmigrante irregular prevea y corrija estas situaciones

No vamos a negar la evidencia. El inmigrante irregular (por no disponer de autorización para residir en España) involucrado en en un procedimiento de expulsión se encuentra en una situación muy difícil e inicia un horizonte administrativo y procesal  que puede durar meses e, incluso, varios años. Pero el resultado puede ser diferente si un letrado, antes de que estos acotecimientos de sucedan de forma vertiginosa, ya ha tomado conocimiento de la verdadera situación del extranjero, recopilando la documentación e información que puedan serle de utilidad ante un hipotético procedimiento de expulsión, de manera que pueda reaccionar cuando la urgencia lo requiera con la mayor eficacia posible. Con un expediente ya preparado, con poderes ya otorgados, con documentación ya ordenada, las posibilidades de obtener el resultado pretendido aumentan exponencialmente. No hay que dejar nada a la improvisación.

Ahora que todavía no se ha visto usted envuelto en un procedimiento de expulsión, pero es consciente de que ese día puede llegar, contacte con un abogado, explíquele su situación y aségurese de que habitualmente le podrá atender las veinticuatro horas en caso de ser necesario.

Interesante noticia aparecida en Expansión.com:

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE TUE, Ján Mazák, recomienda que se fije en 1.100 euros la indemnización máxima que debe pagar una aerolínea por perdida de equipaje, cualquiera que sea el tipo de perjuicio y el modo de indemnización, tal y como establece el Convenio de Montreal sobre responsabilidad de las compañías aéreas.

Fuente: 1.100 euros como máximo si la compañía aérea pierde su equipaje – Expansión.com.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que contiene un amplio conjunto de actuaciones para fomentar de forma inmediata la protección social de los ciudadanos.

Se trata de medidas que vienen a apoyar a quienes se encuentran en una situación más difícil sin cuestionar la solvencia y fiabilidad de nuestro sistema hipotecario y que, además, distinguen adecuadamente entre la situación subjetiva de los deudores, aplicándose a quienes se encuentran en posiciones de necesidad.

El primero de los Decreto-Ley incluye dos medidas de apoyo a las personas con deudas hipotecarias en situaciones difíciles:

Se incrementa la cuantía de los ingresos inembargables cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, queda todavía un saldo vivo de deuda. Si hasta ahora la cuantía inembargable se limitaba al salario mínimo interprofesional (SMI), más un 10% en el caso de estos deudores, ahora esa cuantía se elevará hasta el 150% del SMI. Es decir, de poco más de 700 euros hasta 960 euros.

Además, si existen otros familiares (miembros de la familia nuclear) sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional por cada uno de esos familiares. Así quien tenga a cargo dos miembros de su familia nuclear sin ingresos propios verá elevado el límite de inembargabilidad hasta 1.350 euros.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas medidas ofrecen un «mínimo vital a aquellas familias que han comprometido sus salarios en su hipoteca y que han visto como el banco ejecutaba esa hipoteca, perdían su casa, y los avales para esa hipoteca, por ejemplo, sus salarios, se podían ver afectados».

En segundo lugar, se adoptan dos reformas para garantizar que la subasta del bien hipotecado no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien. En primer lugar, se facilita el acceso de más compradores a esa subasta, mediante la disminución de la cuantía del depósito previo; y, en segundo lugar, se eleva el límite mínimo por el que el acreedor puede adjudicarse el bien del 50% actual al 60%, y se elimina la posibilidad actual de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien incluso por debajo de esos límites.

Fuente: La Moncloa. El Gobierno aprueba medidas de protección para quienes pagan hipoteca y de apoyo a pymes y emprendedores [Consejo de Ministros/Resúmenes].

Comentario:

El Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que habrá de ser ratificado -o rechazado- por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días, eleva el mínimo vital de las familias que se ven envueltas en un procedimiento de ejecución hipotecaria y establece ciertas medidas que pretenden hacer de las subastas un sistema más equitativo y rentable.

Las medidas todavía están lejos del propósito de consumidores y algunos agentes sociales de ceñir el importe de la deuda al valor de la vivienda, mediante la dación en pago, pero pueden causar algunos efectos beneficiosos en las relaciones del banco con los clientes, generalmente sometidos a situaciones de predominio del poderoso frente al usuario.

El préstamo hipotecario, como es sabido, se constituye en un documento público -ante notario- que abre el camino de la demanda ejecutiva, ante el impago. Contra esta demanda pocas excepciones pueden oponerse (pago, prescripción, compensación y algunas más).

Las negociaciones entre el cliente y el banco, para evitar la ejecución, suelen consistir en una rendición incondicional, en el que el banco establece las condiciones de la novación hipotecaria (nuevo contrato de préstamo que sustituye al previo, incumplido). Para acceder a esta novación, el banco puede exigir nuevas garantías, tasaciones adaptadas a los tiempos, liquidación inmediata de una gran parte de la deuda.

El banco se avenía a la novación, no por sentimiento de piedad, sino por la certeza de que la ejecución, dado el desplome del precio de la propiedad inmobiliaria, no le sufragaría ni la mitad del importe del préstamo, pues las subastas suelen ser poco generosas en tiempos de crisis. Además de la garantía hipotecaria el banco podía dirigirse -y todavía puede- contra la totalidad del patrimonio del deudor, pero puesto que el que se arruina se suele arruinar para toda la vida y se convierte en insolvente, al banco no le satisfacía tener decenas de miles de euros repartidos en créditos incobrables.

Esto era la baza que se utilizaba en las negociaciones para conseguir la novación que evitara, in extremis, una ejecución hipotecaria.

El Decreto Ley aprobado por el Gobierno, teóricamente elaborado para ayudar a los desheredados de la Nueva Economía, podría perjudicarles enormemente. En apariencia, la medida supone cierto alivio para las familias. Elevar el mínimo inembargable es como modificar el techo de la pobreza. Los pobres -insolventes- serán un poco menos pobres y eso está bien. Pero la idea de conseguir que los precios de los inmuebles hipotecados se eleven en subastas, dando más acceso y promoción a las mismas, podría hacer de esta práctica -hasta ahora ruinosa- algo rentable, y los bancos que temen una subasta tanto como el ejecutado podrían encontrar en la misma un remedio para satisfacer sus créditos.

En consecuencia, apartado el temor a la subasta, el cliente se vería con menos argumentos a su favor para intentar un acuerdo con el banco (novación hipotecaria) que impida o paralice la ejecución, pues a lo mejor al banco ya le interesa seguir hasta el final y no refinanciar créditos aparentemente incobrables.

Some tips for buying a property in Spain by non-residents.

  • 0) Contents
  • 1) Process of acquiring a property in Spain by a nonresident in short
  • 2) Common Expenses
  • 3) FAQs

4) Example of common expenses for the purchase of a used home with no mortgage

See: Guide to buying a property in Spain by non residents.

The companies most demanded (and advisable cause of simplicity and versatility) are Limited corporation – limited company (Sociedad de Responsabilidad Limitada). They may be formed in about 15-20 days. A category of this type of companies is the «Sociedad Limitada Nueva Empresa» can be formed in 78 hours as long as certain conditions are met.

Steps:

1) Requesting corporate name. Three names may be requested to Registro Mercantil Central, in order of preference.

2) Once you have the corporate name, you must open a bank account in the name of the company (company under Creation). In this bank account must be deposit the social capital of the company (minimum, 3.000,00 €)

3) Writing of Articles of Association according to Law.

4) Preparation of title deed and signature before a notary public. Inside the deed are the Articles of Association.

5) Requesting company tax code (CIF)

6) Calculation of taxes and payment (exept tax exemption)

7) File the company under Mercantile Register. From this moment, the company has legal status.

All the partners must ask for the NIE at the Police Station (Número de Identificación de Extranjero -«Foreign Resident Identification Number») and apply for registration in the AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria: State’s Agency for Tax Administration.

Learn more: Forming a company.

1) Petición de nombre. Se solicitan tres nombres al Registro Mercantil Central, por orden de preferencia.

2) Obtenido el nombre, se abre un cuenta de sociedad en constitución en una entidad bancaria donde se ingresa en capital social (mínimo 3.000 euros). El banco expedirá un certificado donde consta el capital social. Se recomienda que tal certificado exprese la cantidad específica que ingresa cada socio.

3) Se redactan los estatutos sociales que deberán acomodarse a la Ley de Sociedades de Capital.

4) Se acude al notario se firma en presencia del notario tanto la escritura de constitución de la sociedad como los estatutos sociales (contenidos en la misma).

5) Se solicita el NIF de la sociedad

6) Se liquidan los impuestos (salvo que exista exención)

7) Se inscribe la sociedad en el Registro Mercantil. A partir de este momento la sociedad adquiere personalidad jurídica, aunque puede operar desde que se constituye ante notario.

Los socios, si son extranjeros, deben obtener el NIE (número de identificación de extranjeros) y darse de alta en la Agencia Tributaria.

La sociedad limitada puede crearse en unos 10-20 días.

Fuente: Sociedades.

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