Abogados de la Segunda Oportunidad

La comúnmente denominada Ley de Segunda Oportunidad, cuyos resortes persiguen, entre otros propósitos, la liberación de las deudas existentes de las las personas naturales no empresarias, se inicia con la propuesta de un acuerdo extrajudicial de pago, al que le seguirá, en caso de ese intento fracase, el procedimiento concursal propiamente dicho.

Ley de Segunda Oportunidad

La propuesta de un acuerdo extrajudicial de pago es indispensable si lo que se pretende, con el inicio del procedimiento, es la obtener la redención total de todas las deudas o de una parte significativa de las mismas.

[toggle_content title=»¿A quién se aplica el procedimiento de Segunda Oportunidad?» class=»»] El procedimiento se aplica a personas naturales no empresarios siempre que:

1) Su pasivo no sea superior a cinco millones de euros.

2) No hayan sido condenados por determinados delitos.

3) Dentro de los últimos cinco años no hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores u obtenido una homologación judicial de un acuerdo

4) No hubieran sido declarados en concurso de acreedores en los últimos cinco años.

[/toggle_content] [toggle_content title=»¿Qué ocurre con el deudor hipotecario?» class=»»]

Se puede extender el acuerdo extrajudicial de pagos al acreedor hipotecario incluso contra su voluntad cuando aquél se haya adoptado con determinadas mayorías.

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El deudor que persiga alcanzar dicho acuerdo, deberá seguir estos pasos:

Ley Segunda Oportunidad - Rodríguez Bernal Abogados

1) Solicitud al notario, mediante formulario normalizado, del nombramiento de un mediador concursal al notario del domicilio del deudor (acompañada de un inventario, ingresos y lista de acreedores). Asimismo, debe acompañar un plan de pagos y un plan de viabilidad incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia.

2) El notario comprobará el cumplimiento de los requisitos, y si los considera defectuosos o insuficientes, concederá un plazo de cinco días para su subsanación. El incumplimiento del deber de aportar la documentación requerida podrá operar como presunción de culpabilidad en la hipotética sección de calificación que pudiera abrirse en el concurso consecutivo.

3) El notario comunicará al juzgado correspondiente la apertura de negociaciones.

4) El notario, o el mediador designado por él, impulsará las negociaciones.

5) Convocatoria de la reunión en el plazo de 15 días. Deberá celebrarse en el plazo de 30 días desde la convocatoria.

6) Envío de la propuesta de acuerdo en el período de los 15 días previos a la celebración de la reunión.
Envío de alternativas o modificaciones por los acreedores, en el plazo de 10 días naturales.

7) Cuando el notario (o mediador) estime que no puede alcanzarse un acuerdo remitirá, en el plazo de los diez días siguientes, un informe razonado con sus conclusiones, instando el concurso.

8) El concurso consecutivo entra en la fase de liquidación directamente.
[toggle_content title=»¿Quién puede ser mediador?» class=»»]

Cuando el deudor es una persona natural no empresaria, la mediación se lleva a cabo ante un notario.

[/toggle_content] [toggle_content title=»Beneficio de remisión de deudas» class=»»]

Tratándose de personas físicas no comerciantes, el concurso es liquidativo, por lo que se puede solicitar directamente el beneficio de la remisión de deudas concursales.

[/toggle_content] [toggle_content title=»Efectos de la solicitud de acuerdo extrajudicial» class=»»]

Con respecto al deudor:

a) podrá continuar con su actividad laboral o profesional y se abstendrá de realizar cualquier acto de administración o disposición de carácter extraordinario;

b) no podrá ser declarado en concurso en tanto no transcurra el plazo de tres meses que prevé el art. 5 bis 5 LC.

[/toggle_content]

Ley de Segunda Oportunidad - Rodríguez Bernal AbogadosEl acuerdo puede consistir en esperas hasta diez años, quitas (sin límite) y/o cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus créditos. Para su aprobación por los acreedores deben reunirse unas mayorías variables según sea el contenido del acuerdo objeto de votación.

1) Si el acuerdo no es adoptado, el mediador deberá solicitar el concurso consecutivo. Si el deudor continuara incurso en insolvencia (que es lo normal), el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata.

2) Si el acuerdo es adoptado, se eleva a escritura pública y se da publicidad a través del Registro Público Concursal así como información al juzgado competente.

[toggle_content title=»¿Se puede impugnar este acuerdo?» class=»»]

Se puede impugnar el plazo de 10 días de su publicación por los acreedores no convocados, los que hubieran manifestado su oposición con anterioridad o hubieren votado en contra del acuerdo. Lasi mpugnaciones no suspenden la ejecución del acuerdo y se tramitan conjuntamente por el procedimiento incidental, resolviendo el juez por sentencia que también se publica en el Registro Concursal

[/toggle_content] [toggle_content title=»¿Qué ocurre en caso de incumplimiento?» class=»»]

En este caso, el mediador (o el notario) debe solicitar el concurso consecutivo.

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Liberación de deudas: ¿Cómo puedo liberarme de ellas?Liberación de Deudas - Rodríguez Bernal Abogados

Es posible siempre que concurran algunos requisitos y una vez concluyan las operaciones de liquidación o cuando, sin apertura de la sección de liquidación, se produzca la situación de insuficiencia de masa activa (supuesto más frecuente).

Para ello deben concurrir algunos requisitos:

1) Liquidación previa de todo su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa).

2) Buena fe del deudor. Se entenderá que existe buena fe:

a) Si el concurso no se ha declarado culpable. Un concurso culpable es aquel en el que el juez determina que la incapacidad de pagar las deudas responde a una «culpa grave» o a dolo del deudor; y

b) Si el deudor no ha sido condenado, en los últimos 10 años, por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores; y

c) Si el deudor ha intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.

[toggle_content title=»¿Qué ocurre con las deudas públicas (Hacienda y Seguridad Social, entre otras)» class=»»]

Hasta no hace mucho, las deudas públicas no estaban cubiertas por el mecanismo de la “Segunda Oportunidad”. Tras un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo (STS n.º 381/2019), se permite que el Juez que esté conociendo del procedimiento pueda determinar si estos se fraccionan o no y si se exonera parte del pago. Sin embargo, no cabe una exoneración total respecto a estas deudas.

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En Rodríguez Bernal Abogados, podemos ayudarle a poner en marcha estos mecanismos y así liberarse de sus deudas o de una parte significativa de las mismas. Podría empezar desde cero.

Concierte una primera entrevista sin compromiso ni coste alguno.

info@rodríguezbernal.com

951 100 304

[toggle_content title=»FORMULARIO DE CONTACTO» class=»»]

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Abrir una cuenta bancaria en España

cuenta bancaria - rodríguez bernal abogadosSi quieres saber cómo abrir una cuenta bancaria en España, pero no eres residente o ciudadano de la unión europea. Éste es tu post.

Una de las principales preguntas de nuestros clientes extranjeros a la hora de comprar una vivienda en España es la de cómo proceder a la hora de abrir una cuenta bancaria, y cuáles son los documentos y trámites necesarios.

Cuando un extranjero desea abrir una nueva cuenta bancaria en España, se debe distinguir entre dos grupos: Los residentes y No residentes.

Los No residentes deberán presentar una serie de documentos acreditativos que certifiquen su estado laboral, su residencia habitual y su identidad.

cuenta bancaria - rodriguez bernal abogadosDocumentos obligatorios para abrir una cuenta bancaria en España para No Residentes:
Concretamente los siguientes documentos son obligatorios a la hora de abrir una cuenta en España para los no residentes:

  • NIF (para los residentes en la UE), o Pasaporte
  • Certificación de No residente
  • El certificado de No residente es un documento oficial que se debe solicitar en cualquier oficina de la Dirección general de la Policía, o en el consulado del país en cuestión. Suele tardar aproximadamente unos 10 o 12 días en obtenerse y para su solicitud solo es necesario presentar el pasaporte.
  • Otros documentos adicionales para abrir una cuenta en España para No Residentes

Dependiendo de la entidad bancaria, pueden solicitar una serie de documentos adicionales a los anteriormente descritos como son:

  • Carta de recomendación del banco correspondiente de su país
  • Nómina o certificado de situación laboral
  • Documento para verificar tu domicilio (extracto bancario reciente, o factura por servicio domiciliado con fecha no superior a los 3 meses)
  • Justificante de ingreso

Quizá pueda interesarte más artículos sobre como obtener la  “Golden visa” o sobre qué documentación hace falta para obtener el NIE.

Con fecha de 18 de diciembre de 2020, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Sexta) estima el recurso contencioso interpuesto por Doña …., bajo la dirección letrada de Don Antonio Pedro Rodríguez Bernal, y, contra el criterio mantenido por la Dirección General de los Registros y del Notariado, concediendo la nacionalidad española a la recurrente. La sentencia se declaró firme el 22 de abril de 2021. 

El plazo de residencia legal se computa desde la solicitud de nacionalidad

La resolución de la Audiencia, apartándose del criterio mantenido por la DGRN, interpreta que el cómputo del tiempo necesario para acceder a la nacionalidad por naturalización es el constatado a fecha de la solicitud y no a fecha de la ratificación, de modo que, si entre un momento y otra, caducara la autorización de residencia, esa residencia irregular sobrevenida, no osbtaculizaría la adquisición de nacionalidad pretendida.

Los hechos debatidos fueron los siguientes:

solicitud de nacionalidad - rodriguez bernal abogados1) La recurrente solicitó el 23 de junio de 2014 ante el Registro Civil de Marbella la nacionalidad por residencia. Su solicitud fue denegada por la resolución que se impugnó, y el motivo en el que se amparaba fue «[Q]ue a la fecha de ratificación de su solicitud de nacionalidad el 09/02/2015, el tiempo de residencia legal de 2 años no se había cumplido con continuidad en el tiempo inmediatamente anterior a la petición (artículo 22.3 del Código Civil), ya que según consta en la documentación que obra en el expediente el interesado no estuvo documentado con Autorización de Residencia desde el 05/08/2014 hasta el 04/11/2014, por lo que sólo podría computarse desde ésta última fecha, considerándose incumplido el requisito de residencia exigido […]».

2) La administración tardó más de 7 meses en recibir la ratificación de la recurrente. Es decir, después de que ésta solicitara la nacionalidad (23/06/2014), el Registro Civil de Marbella le dió cita para que ratificara el día 09/02/2015.

3) En ese periodo de tiempo (7 meses) la recurrente sufre diversas vicisitudes con la vigencia de su tarjeta de residencia y, pese a que despliega una actitud combativa (interponiendo recursos), lo cierto que es que la recurrente deviene irregular el 05/08/2014 y no vuelve a recuperar sus derechos de residencia hasta el 04/11/2014.

4) La recurrente, de nacionalidad brasileña, había de acreditar un período de residencia legal y continuada igual o superior a 2 años. A tiempo de la solicitud (23/06/2014) cumplía plenamente dicho requisito. Pero a fecha de la ratificación (09/02/2015) había perdido la continuidad, pues durante el periodo comprendido entre el 05/08/2014 y el 04/11/2014 residió irregularmente en España.

5) Según el criterio de la DGRN, el periodo de residencia legal y continuada debía ser inmediatamente anterior a la fecha de la ratificación (09/02/2015), entendiendo efectiva la solicitud desde la ratificación. Por el contrario, la recurrente sostenía el criterio de que dicho período debía computarse retroactivamente desde la fecha de la solicitud (23/06/2014) con independencia de que la ratificación se produjera meses más tarde, pues ese acto no dependía de la recurrente sino del funcionamiento de la administración que, en este caso, había resultado extremadamente lento.

solicitud de nacionalidad - rodríguez bernalLa sentencia entiende que es el momento de la solicitud del que hay que partir para verificar el cumplimiento del plazo de residencia necesario para acceder a la nacionalidad española. 

“En el presente caso, cuando la interesada presentó su solicitud ante el Registro Civil de Marbella el 23 de junio de 2014, consta que estaba en posesión y le había sido concedido un permiso de residencia por cinco años desde el 6 de agosto de 2009, con validez hasta el 5 de agosto de 2014. Es decir, no puede cuestionarse que en el momento inmediatamente anterior a su solicitud la actora llevara residiendo en España de manera legal, más de dos años, ni tampoco que había contraído matrimonio con un ciudadano de la Unión, razón por la que le fue concedida la residencia.

Es cierto que la demandante, una vez solicita la nacionalidad y cuando fue a renovar su residencia el 17 de julio de 2014, su petición fue objeto de controversia. Inicialmente fue inadmitida, tras ser reiterada fue denegada y finalmente concedida tras la alzada interpuesta el 3 de marzo de 2015.

La controversia en torno a la concesión de la residencia tras la caducidad de la inicialmente concedida por cinco años previos a la solicitud de la nacionalidad, lo que prueba es que doña …….. sí era residente de manera efectiva en nuestro país cuando solicitó la nacionalidad. En ese momento ya cumplía con el requisito que exige el artículo 22.3 del Código Civil. (…)” (Fundamento de Derecho Tercero).

La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña ……. contra la resolución de 16 de junio de 2018 de denegación de nacionalidad del Director General de los Registros y del Notariado por delegación del Ministro de Justicia, anulándola por no ser ajustada a derecho, y concediendo a la actora la nacionalidad por residencia. Todo ello con expresa condena en costas a la Administración demandada.

La reseña apareció mencionada en un artículo de la revista jursídica Economist & Iuris del 24 de septiembre de 2021.

El pasado mes de junio, el director de este despacho, Antonio Pedro Rodríguez Bernal, impartió la materia “Fiscalidad en las Transmisiones de Obras de Arte”, dentro del I Máster de Especialista en Derecho del Mercado del Arte, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, en el que ha intervenido como profesor. 

Máster Especialista Derecho del Mercado del Arte

El Máster, pionero en España en esta disciplina, reunió a los más reputados especialistas del país, tanto del sector público como del privado. La materia impartida por Rodríguez Bernal trató los siguientes apartados:

FISCALIDAD APLICABLE A LAS TRANSMISIONES DE OBRAS DE ARTE

    1. INTRODUCCIÓN
    2. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DE ARTE
      1. Generalidades
      2. Obras pertenecientes al Patrimonio Histórico Español
        • Protección ordinaria
        • Protección reforzada
        • Antigüedades
    3. SISTEMA IMPOSITIVO ESPAÑOL
  • Apuntes sobre el ordenamiento jurídico tributario español
        • Tipos de tributos
        • Jerarquía normativa
        • Fuentes del derecho tributario
        • Clasificación de los impuestos
        • Hecho imponible
        • Exención tributaria
        • Obligados y otros sujetos tributarios
        • Base imponible
        • Base liquidable
        • Tipo de gravamen
        • Cuota tributaria
        • Deuda tributaria
        • Prescripción
  • Tributos que gravitan sobre las transmisiones de obras de arte
  • Máster especialista derecho del mercado del arteImpuestos directos
          1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
            1. Contribuyentes
            2. Ganancias patrimoniales
            3. Clases de renta
            4. Base liquidable general y del ahorro
            5. Reducciones
            6. Cuotas íntegras y líquidas
            7. Deducciones por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial. Límites
            8. Cuota diferencial: deducción por doble imposición internacional
            9. Pago mediante entrega integrantes del Patrimonio Histórico Español
          2. Impuesto sobre Sociedades
            1. Contribuyentes
            2. Ganancias patrimoniales
            3. Deducciones por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial. Límites
          3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
            1. Naturaleza y objeto
            2. Hecho imponible
            3. Sujetos pasivos
  • Impuestos indirectos
        1. Impuesto sobre el Valor Añadido
          1. Naturaleza de impuesto y ámbito territorial de aplicación
          2. Hecho imponible
          3. Concepto de empresario o profesional
          4. Adquisición intracomunitaria de bienes
          5. Entregas intracomunitarias de bienes
          6. Importación de bienes
          7. Exportación de bienes.
          8. Contribuyentes
          9. Repercusión
          10. Tipo impositivo en obras de arte
          11. Deducción
          12. Obligaciones formales
          13. Régimen especial de objetos usados, de arte, antigüedades y objetos de colección
            1. Aplicación
            2. Conceptos
            3. Peculiaridades respecto del régimen general
            4. Obligaciones formales
        2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
          1. Concepto y naturaleza
          2. Exenciones
          3. Tipo impositivo aplicable a las transmisiones de obras de arte
  1. EL TRATAMIENTO DE LAS GANANCIAS PATRIMONIALES EN LOS DISTINTOS IMPUESTOS
  2. INCENTIVOS Y DEDUCCIONES FISCALES APLICABLES A LAS TRANSMISIONES DE OBRAS DE ARTE
  3. DACIÓN DE BIENES CULTURALES EN PAGO DE IMPUESTOS
  4. TRANSMISIONES OPERADAS EN EL EXTRANJERO
    1. Introducción
    2. Normas de Derecho Internacional Privado
    3. Tasa de exportación
    4. Tributación afectada
    5. Remedios a la doble imposición
    6. Ganancias patrimoniales
    7. Formalidades posteriores

Agradecemos a la Universidad Carlos III de Madrid y a su catedrática de Derecho Financiero y Tributario y Vicerrectora, María Luisa González-Cuéllar, por haber contado con nosotros para tan valiosa experiencia.

Tras merecer la aprobación del comité académico y de los editores, el capítulo titulado “Hacia el derecho humano a la doble nacionalidad por motivos étnico-culturales”, escrito por el director de este despacho, Antonio Pedro Rodríguez Bernal, ha sido publicado por la editorial Dykinson dentro del libro “Derechos Humanos ante los nuevos desafíos de la globalización”. El contenido de dicho capítulo fue expuesto en el II Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización, organizado por la Universidad de Sevilla y celebrado los días 1, 2 y 3 de julio de 2020.

Puede adquirirse el libro accediendo a la página Web de la editorial Dykinson, siguiendo este enlance.

Derecho Humano a la Doble Nacionalidad - Antonio Pedro Rodríguez BernalABSTRACT:
La doble o múltiple nacionalidad no es una situación deseada por el Derecho Internacional, debido a los distintos problemas que esta multiplicidad de vínculos ocasiona entre los distintos Estados involucrados, en especial, cuando éstos no atraviesan buenas relaciones.

Querida o no, apreciada o despreciada, la doble nacionalidad a veces no puede evitarse, al menos transitoriamente, lo que puede ocurrir, vgr., en los casos de sucesión de Estados o de nacimientos, cuando los progenitores del niño disfrutan de distinta nacionalidad.

Si bien el derecho a la nacionalidad se considera un derecho humano, no ocurre lo mismo con el pretendido derecho a la doble nacionalidad. Este último, de existir, se podría catalogar como un derecho complejo que implica la intervención de, al menos, dos Estados.

Esto puede ocasionar una desviación en el concepto tradicional de derecho humano, pero tal vez pudiera abrir la puerta a una nueva generación de derechos humanos.

Este trabajo aborda la evolución del derecho a la doble o múltiple nacionalidad sobre bases étnicas —o culturales— y hasta qué punto puede llegar a reunir las características de derecho humano o, por el contrario, se ha quedado a medio camino, sin perjuicio, de que sea susceptible de una mayor protección que la que ahora se dispensa.

PALABRAS CLAVE:
Derecho humano, doble nacionalidad, multinacionalidad, minorías nacionales,

Con la intervención del director de este despacho, Antonio Pedro Rodríguez Bernal, como abogado de los demandantes, con fecha de 6 de octubre de dos mil veinte, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga confirma la anulación de interés variable IRPH más diferencial de 0,25 y lo sustituye, conforme solicitaron los demandantes, por Euribor más diferencial de 0,25, además de anular otras disposiciones abusivas, como la cláusula suelo, interés de demora, vencimiento anticipado, etc. Ordena la devolución de las cantidades indebidamente cobradas con intereses legales desde que fueron abonadas, lo que supone una cuantía de varias decenas de miles de euros.

IRPH interés bancario - Rodríguez Bernal abogadosLa sentencia razona la permuta de ambos tipos de interés porque la anulación de IRPH determinaría la nulidad total del préstamo ya que, al carecer el préstamo de interés, perdería su causa y devendría en nulo de pleno derecho. Ello podría producir perniciosas consecuencias para el consumidor que debería devolver anticipadamente la totalidad de lo debido en un sólo pago.

Conforme a lo solicitado por los demandantes, la Sala acoge la petición de que si la supresión del IRPH pudiera ocasionar la nulidad íntegra del contrato de préstamo se sustituyera dicho índice por el Euríbor (no contemplado en la escritura de préstamo) más el diferencial que sí se encontraba en ésta (0,25), conformando un interés significativamente más ventajoso que el oscuro y abusivo IRPH.

La sentencia, que consta de 73 páginas, recoge diversos razonamientos entre los que destacamos los siguientes:

“60 De este modo, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tal contrato, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales”.

“61 No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en una situación en la que un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor no puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se opone a que el juez nacional, en aplicación de principios del Derecho de los contratos, suprima la cláusula abusiva sustituyéndola por una disposición supletoria de Derecho nacional en aquellos casos en que la declaración de nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto así el consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, que representen para este una penalización”.

“63 Si, en una situación como la descrita en el apartado 58 de la presente sentencia, no se permitiera sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional y se obligara al juez a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse. En efecto, en el caso de un contrato de préstamo, tal anulación tendría en principio el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente de devolución, en una cuantía que puede exceder de la capacidad económica del consumidor, y, por esa razón, penalizaría a este más que al prestamista, a quien, como consecuencia, no se disuadiría de insertar cláusulas de ese tipo en los contratos que ofrezca (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014 (…)”

interés irph - Rodríguez Bernal Abgoados“(…) En consecuencia y a partir de ello la eliminación del interés afectaría (1.261 del Código Civil), a la nulidad de dicho contrato, y por tanto a que el mismo no pudiera subsistir (con efecto ex tunc), sin ese elemento. Ello nos lleva a aplicar los artículos 65 TRLGDCU 1/2007, 57 del Código de Comercio, y 1.258 del Código Civil, y por tanto los usos y la buena fe. De conformidad a lo anterior tendremos por tanto que considerar que ese elemento que las partes inicialmente tenían determinado en el contrato y que se hemos declarado nulo como consecuencia del análisis necesario que hemos llevado a cabo, debe conllevar (también por lo interpretado por la citada STJUE), la sustitución del mismo una vez declarado nulo. Para ello deberemos atender entonces a: 1º) la existencia de acuerdo entre las partes; 2º) en defecto de lo anterior a fijar un precio conforme a los criterios de las normas internas que hemos señalado. El anterior punto nos lleva a analizar si el índice sustitutivo a aplicar será siempre en estos casos el IRPH previsto como sustitutivo, o es posible su sustitución por otro, en defecto de acuerdo entre las partes, en función de lo pedido en la demanda o por ser más favorecedor al consumidor y equilibrado entre las partes por las circunstancias que lo rodean (…)”

“(…) Así las cosas, en el caso concreto examinado, estamos ante el primero de los supuestos referidos, pues los prestatarios demandantes, en la demanda, suplican la declaración de nulidad del IRPH, y, junto a ello (el contrato no puede subsistir sin precio como hemos razonado), como pretensión inherente a la declaración de nulidad más propiamente, que se acuerde la sustitución del índice declarado nulo por el Euríbor, más el diferencial recogido en la escritura, 0,250 puntos porcentuales, es decir, vienen a suplicar un interés nominal que será la suma resultante de añadir al Euríbor el diferencial de 0,250 puntos porcentuales recogido en la escritura pública; por su parte, la entidad demandada, en la contestación, nada aduce respecto del diferencial interesado por los demandantes, pues se limita a cuestionar en general la pretensión de nulidad de la cláusula litigiosa relativa al índice IRPH (…)”.

“(…) disponer como índice aplicable al préstamo, en defecto de acuerdo entre las partes, el Euríbor más el diferencial conforme a lo expresado en la fundamentación jurídica de esta Sentencia, 0,250 puntos porcentuales y, por tanto afectando a la liquidación a presentar, conforme a la Sentencia, considerando la diferencia entre el aplicable y el que resulta anulado, más intereses en la forma expuesta en el Fundamento de Derecho Quinto, condenamos a la entidad demandada a restituir a los actores la cantidad resultante, que se determinará en ejecución de Sentencia conforme a las bases expuestas en el Fundamento de Derecho Quinto de esta Sentencia; confirmándose la Sentencia apelada en todo lo demás, no haciéndose especial imposición, a ninguno de los litigantes, de las costas procesales devengadas en esta alzada (…)”

El pasado 3 de julio, el director de este despacho, Antonio Pedro Rodríguez Bernal, ofreció una ponencia en el II Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización, organizado por la Universidad de Sevilla (1, 2 y 3 de julio de 2020).

Rodríguez Bernal formó parte, como panelista, de la Mesa “Nuevos derechos humanos frente a la globalización”, con la ponencia titulada “Hacia del derecho humano a la doble nacionalidad por motivos étnico-culturales”.

II Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización - Antonio Pedro Rodríguez Bernal

El Congreso congregó a renombrados investigadores y profesores universitarios de varios continentes. Desde este despacho queremos felicitar a la organización por el desarrollo del evento, en estos tiempos de pandemia, íntegramente online, y agradecer que hayan contado con nosotros para este enorme proyecto de investigación e intercambio de ideas.

Si bien España es uno de aquellos países que no admite la práctica de la múltiple nacionalidad (como ya se expuso en nuestro artículo «La renuncia a la nacionalidad de origen en el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española: una puerta abierta al fraude de ley»), paulatinamente ha ido tolerando dicha figura, permitiéndose la “coexistencia pacífica” de una nacionalidad adquirida en el extranjero y la nacionalidad española que se venía ostentando con anterioridad.

Y esto es así desde la modificación del Código Civil operada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, que modificó la redacción, entre otros, de artículo 24 de dicho cuerpo legal, que antes de la reforma, “castigaba” con la pérdida de la nacionalidad española a quienes adquirieran otra nacionalidad, una vez transcurridos tres años a contar desde dicha adquisición.

conservación de la nacionalidad españolaEn la actualidad, se permite la posibilidad de conservación de la nacionalidad española mediante una declaración de voluntad que se deberá emitir (normalmente ante el Consulado Español que sea competente) en el plazo de tres años desde que se produjera dicha adquisición.

En resumen, y haciendo una interpretación conjunta de los artículos 24 y 25 del Código Civil, PERDERÁN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA, quienes:

1) Estén emancipados, residan en el extranjero y adquieran voluntariamente otra nacionalidad. Pueden evitar esta pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntad de conservar su nacionalidad. La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir por esta causa la pérdida de la nacionalidad española.

Brexit - Rodríguez Bernal Abogados2) Estén emancipados residan en el extranjero y durante tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad que tuvieran atribuida antes de la emancipación. Pueden evitar esta pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntad de conservar su nacionalidad. La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir por esta causa la pérdida de la nacionalidad española.

3) Los españoles emancipados que tengan otra nacionalidad, residan habitualmente en el extranjero y renuncien voluntariamente a ella.

4) En el caso de españoles que hayan nacido en el extranjero y sean españoles por haber nacido de padre o madre español/a también nacido en el extranjero, perderán la nacionalidad española si en el plazo de tres años desde la emancipación o mayoría de edad no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española

Los españoles que no lo sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la nacionalidad española por residencia) perderán la nacionalidad española si:

Después de adquirir la nacionalidad española utilizan durante un plazo de tres años la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española.

1) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del gobierno.

2) Cuando una sentencia declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

Parece una total incoherencia que se obligue a quien adquiere la nacionalidad española a renunciar a su nacionalidad de origen mientras que se permita la conservación en el caso contrario. Esta última cuestión fue tratada en profundidad en el artículo mencionado más arriba.

La comúnmente denominada Ley de Segunda Oportunidad, cuyos resortes persiguen, entre otros propósitos, la liberación de las deudas existentes de las las personas naturales no empresarias, se inicia con la propuesta de un acuerdo extrajudicial de pago, al que le seguirá, en caso de ese intento fracase, el procedimiento concursal propiamente dicho.

Ley de Segunda Oportunidad

La propuesta de un acuerdo extrajudicial de pago es indispensable si lo que se pretende, con el inicio del procedimiento, es la obtener la redención total de todas las deudas o de una parte significativa de las mismas.

[toggle_content title=»¿A quién se aplica el procedimiento de Segunda Oportunidad?» class=»»]
El procedimiento se aplica a personas naturales no empresarios siempre que:

1) Su pasivo no sea superior a cinco millones de euros.

2) No hayan sido condenados por determinados delitos.

3) Dentro de los últimos cinco años no hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores u obtenido una homologación judicial de un acuerdo

4) No hubieran sido declarados en concurso de acreedores en los últimos cinco años.

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[toggle_content title=»¿Qué ocurre con el deudor hipotecario?» class=»»]

Se puede extender el acuerdo extrajudicial de pagos al acreedor hipotecario incluso contra su voluntad cuando aquél se haya adoptado con determinadas mayorías.

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El deudor que persiga alcanzar dicho acuerdo, deberá seguir estos pasos:

Ley Segunda Oportunidad - Rodríguez Bernal Abogados

1) Solicitud al notario, mediante formulario normalizado, del nombramiento de un mediador concursal al notario del domicilio del deudor (acompañada de un inventario, ingresos y lista de acreedores). Asimismo, debe acompañar un plan de pagos y un plan de viabilidad incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia.

2) El notario comprobará el cumplimiento de los requisitos, y si los considera defectuosos o insuficientes, concederá un plazo de cinco días para su subsanación. El incumplimiento del deber de aportar la documentación requerida podrá operar como presunción de culpabilidad en la hipotética sección de calificación que pudiera abrirse en el concurso consecutivo.

3) El notario comunicará al juzgado correspondiente la apertura de negociaciones.

4) El notario, o el mediador designado por él, impulsará las negociaciones.

5) Convocatoria de la reunión en el plazo de 15 días. Deberá celebrarse en el plazo de 30 días desde la convocatoria.

6) Envío de la propuesta de acuerdo en el período de los 15 días previos a la celebración de la reunión.
Envío de alternativas o modificaciones por los acreedores, en el plazo de 10 días naturales.

7) Cuando el notario (o mediador) estime que no puede alcanzarse un acuerdo remitirá, en el plazo de los diez días siguientes, un informe razonado con sus conclusiones, instando el concurso.

8) El concurso consecutivo entra en la fase de liquidación directamente.
[toggle_content title=»¿Quién puede ser mediador?» class=»»]

Cuando el deudor es una persona natural no empresaria, la mediación se lleva a cabo ante un notario.

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[toggle_content title=»Beneficio de remisión de deudas» class=»»]

Tratándose de personas físicas no comerciantes, el concurso es liquidativo, por lo que se puede solicitar directamente el beneficio de la remisión de deudas concursales.

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[toggle_content title=»Efectos de la solicitud de acuerdo extrajudicial» class=»»]

Con respecto al deudor:

a) podrá continuar con su actividad laboral o profesional y se abstendrá de realizar cualquier acto de administración o disposición de carácter extraordinario;

b) no podrá ser declarado en concurso en tanto no transcurra el plazo de tres meses que prevé el art. 5 bis 5 LC.

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Ley de Segunda Oportunidad - Rodríguez Bernal AbogadosEl acuerdo puede consistir en esperas hasta diez años, quitas (sin límite) y/o cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus créditos. Para su aprobación por los acreedores deben reunirse unas mayorías variables según sea el contenido del acuerdo objeto de votación.

1) Si el acuerdo no es adoptado, el mediador deberá solicitar el concurso consecutivo. Si el deudor continuara incurso en insolvencia (que es lo normal), el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata.

2) Si el acuerdo es adoptado, se eleva a escritura pública y se da publicidad a través del Registro Público Concursal así como información al juzgado competente.

[toggle_content title=»¿Se puede impugnar este acuerdo?» class=»»]

Se puede impugnar el plazo de 10 días de su publicación por los acreedores no convocados, los que hubieran manifestado su oposición con anterioridad o hubieren votado en contra del acuerdo. Lasi mpugnaciones no suspenden la ejecución del acuerdo y se tramitan conjuntamente por el procedimiento incidental, resolviendo el juez por sentencia que también se publica en el Registro Concursal

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[toggle_content title=»¿Qué ocurre en caso de incumplimiento?» class=»»]

En este caso, el mediador (o el notario) debe solicitar el concurso consecutivo.

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Liberación de deudas: ¿Cómo puedo liberarme de ellas?Liberación de Deudas - Rodríguez Bernal Abogados

Es posible siempre que concurran algunos requisitos y una vez concluyan las operaciones de liquidación o cuando, sin apertura de la sección de liquidación, se produzca la situación de insuficiencia de masa activa (supuesto más frecuente).

Para ello deben concurrir algunos requisitos:

1) Liquidación previa de todo su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa).

2) Buena fe del deudor. Se entenderá que existe buena fe:

a) Si el concurso no se ha declarado culpable. Un concurso culpable es aquel en el que el juez determina que la incapacidad de pagar las deudas responde a una «culpa grave» o a dolo del deudor; y

b) Si el deudor no ha sido condenado, en los últimos 10 años, por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores; y

c) Si el deudor ha intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.

[toggle_content title=»¿Qué ocurre con las deudas públicas (Hacienda y Seguridad Social, entre otras)» class=»»]

Hasta no hace mucho, las deudas públicas no estaban cubiertas por el mecanismo de la “Segunda Oportunidad”. Tras un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo (STS n.º 381/2019), se permite que el Juez que esté conociendo del procedimiento pueda determinar si estos se fraccionan o no y si se exonera parte del pago. Sin embargo, no cabe una exoneración total respecto a estas deudas.

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En Rodríguez Bernal Abogados, podemos ayudarle a poner en marcha estos mecanismos y así liberarse de sus deudas o de una parte significativa de las mismas. Podría empezar desde cero.

Concierte una primera entrevista sin compromiso ni coste alguno.

info@rodríguezbernal.com

951 100 304

[toggle_content title=»FORMULARIO DE CONTACTO» class=»»]

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