Feb 21

La abogacía y los lobbies

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La abogacía y los lobbies

Tras casi veinte años de ejercicio profesional en la abogacía, no he tenido más remedio que modificar algunas de aquellas ideas que me empujaron a iniciar esta carrera. Cuando empezamos solemos despreciar los factores exógenos, esos que difícilmente se puede cuantificar al comienzo de una trayectoria, pero que, tarde o temprano, aparecen en tu camino.

Un abogado de provincias, al menos durante los primeros años, no es más que una diminuta pieza en un tablero de ajedrez que ha de lidiar con todos los gigantes que te sorprenden mientras avanzas: el fisco, tu casero, los gastos corrientes, etc.  Aunque siempre te queda el quijotesco consuelo de que cuando finalmente estés ante el Rey, estarás en igualdad de oportunidades, cualquiera que sea tu procedencia y vicisitudes personales, y podrás defender tus asuntos sin que nadie prejuzgue tus alegatos.

Entonces no sabía mucho de los “grupos de presión”, término que dicho en inglés suena mejor: lobbies. Los anglosajones, más familiarizados con la expresión, han tenido a bien en establecer cierta regulación. En España, país carcomido por la corrupción, tradicionalmente se ha huido de la reglamentación, corriendo la actividad una suerte de existencia alegal, en la misma cuerda floja donde deambulan la presión social y el tráfico de influencias.

Las peyorativamente denominadas puertas giratorias han servido de entrada a muchos ex-ministros a relevantes puestos en la empresa privada, con el único fin de “agitar la red de contactos” (el “networking”) para lograr suculentos contratos (incrementar el “valor añadido” de la empresa).

IRPHLa abogacía no iba a ser ajena a esta tendencia. El otro día me quedé estupefacto al oír a Francisco Correa -principal acusado de la trama Gürtel- cómo “solicitaba” el indulto para el ex juez Garzón, quien fuera inhabilitado, precisamente, por ordenar la intervención de las comunicaciones, en ese mismo asunto, entre otro investigado y su abogado. Días antes, Baltasar Garzón, también aplaudió “el valor y la firme colaboración con la justicia” del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa por sus declaraciones en ese mismo proceso. Una incalificable conjura de acusados, condenados y jueces expulsados del sistema, unidos ante la adversidad y la incomprensión.

Es conocido que abogados con escasos conocimientos de la profesión -principalmente por haber vivido de espaldas a ella, cobijados en la política- son fichados por grandes despachos para hacer “lobby”. Dichos profesionales jamás se arriesgarán a pasear la toga por un estrado ni, probablemente, pierdan un minuto de su tiempo en revisar un contrato. Se dedicarán a “poner en valor” los asuntos de sus clientes. Además de ellos, un nutrido grupo compuesto por magistrados y jueces que han sido expulsados de la judicatura han fundado despachos dedicados, principalmente, a aglutinar indignados y constituir sus lobbies para, recordar al mundo la injusticia que les persigue y, de paso, hacer de la fatalidad un lucrativo modus vivendi. Algunos indultos escandalosos, dicen, que llegaron “potenciando ese valor añadido”.

Pero también existen otros agentes aglutinadores que están bendecidos por la propia administración, que los apoyan y financian. Es patente que eso ocurre en los llamados delitos de “violencia de género”. No puedo precisar el alcance de la interacción entre los agentes y las sentencias pero está claro que esa presión existe, sin entrar a cuestionar su eficacia. Baste para ilustrar esta presión una reciente experiencia propia: una sentencia de apelación favorable al condenado rebajaba considerablemente la pena, cuestionando el razonamiento del jurado popular cuando apreció la agravante de ensañamiento. La permeabilidad del jurado español, que está en contacto con la opinión pública y la prensa durante todas las sesiones del juicio -ya que regresa a casa al término de cada una de ellas-, es evidente. Pero si a ello se suma la intervención de las asociaciones, institutos financiados con fondos públicos, foros, redes sociales, etc., ese efecto se amplifica exponencialmente. En el caso que me ocupó, y sin poner detalles ni nombres propios, el mismo ayuntamiento de la localidad donde residía la víctima, votó en pleno una declaración por la que se lamentaba la sentencia de apelación y conminaba al Tribunal Supremo, con remisión de la resolución edilicia, a que revocara la sentencia y confirmara la recaída en la instancia previa. ¿No existía división de poderes en nuestro Estado de Derecho?

La presión popular también se puso de manifiesto en la lucha frente al abuso bancario. Las cláusulas abusivas, impuestas por las entidades de crédito a los consumidores, eran abusivas -a voces- antes de que se produjeran desahucios en masas y de que algunos desahuciados, desesperados, se arrojaran por los balcones. Pero debo reconocer, pese a mi inicial incredulidad, que la indignación popular, en pocos años, se filtró por las paredes de juzgados y audiencias y encontró eco en las resoluciones judiciales. ¿Nadie se dio cuenta antes de los abusos? ¿No eran abusivas esas cláusulas mucho antes de que la sangre llegara al río y no contaron con la bendición de todos los operadores jurídicos y financieros?

Mucho me temo que los lobbies se reproducirán y camparán a sus anchas en los próximos años. Su existencia y fortaleza demuestran que la división de poderes no es más que una definición filosófica de difícil concreción en un mundo dominado por intereses. La abogacía servirá para conformar lobbies pero también debería servir para destruirlos o, al menos, para hacer posible la supervivencia quijotesca de quienes, de otra forma, serían inevitablemente aplastados.

abogacía y lobbies

Autor: Antonio Pedro Rodríguez Bernal